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INTERESES Y EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS: SU DEDUCCIÓN SEGÚN LA CORTE

INTERESES Y EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS: SU DEDUCCIÓN SEGÚN LA CORTE

El pasado 15 de julio de 2021, nuestro más alto tribunal se pronunció sobre la procedencia de la deducción en el Impuesto a las Ganancias de los intereses de préstamos destinados a la financiación de la compra de paquetes accionarios de empresas.
Al respecto, cabe destacar que existen muchos antecedentes jurisprudenciales que han analizado el tema, con resoluciones que no resultaron pacíficas ni uniformes.

I – El caso
El Fisco impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los ejercicios 1998 a 2001, de Supermercados Norte SA (antes Supermarkets Acquisition SA, hoy INC SA), en las que la empresa descontó intereses y gastos originados en la emisión de obligaciones negociables en los términos de la ley 23576.
Cabe consignar que la empresa Supermarkets Acquisition SA fue constituida en setiembre de 1996 con el objeto exclusivo de llevar a cabo actividades de inversión. Su accionista mayoritario era una sociedad radicada en el exterior. En noviembre del mismo año la empresa celebró contratos de préstamo por U$S 209 millones y con esos fondos adquirió el paquete accionario de la Compañía Americana de Supermercados SA (CADESA) cuyo objeto social era la venta minorista por supermercados. Casi inmediatamente emitió obligaciones negociables con el objeto de cancelar los pasivos contraídos. En junio de 1997 Supermarkets Acquisition SA absorbió a CADESA y modificó sus estatutos asumiendo las actividades de esta sociedad.
El organismo recaudador consideró que la operación que generó los intereses no estaba destinada a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, sino que los fondos fueron aplicados a la refinanciación de la deuda que la empresa había contraído para cancelar el precio de compra de las acciones.
El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la determinación de oficio aplicando el art. 37 de la ley 23576 que creó un régimen especial, que prevalece sobre la ley de impuesto a las ganancias, por cuanto establece que la emisora puede deducir la totalidad de los intereses cuando se trata de obligaciones negociables colocadas mediante oferta pública, con autorización de la Comisión Nacional de Valores.
La Cámara Nacional de Apelaciones ratificó la sentencia del Tribunal Fiscal porque el Fisco no expresó agravios sobre el fundamento de la ley citada precedentemente. La Alzada rechazó la postura de la demandada que entendía que los intereses no eran gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, en los términos de los arts. 80 y 81 de la ley del impuesto a las ganancias.
Ante la presentación del recurso extraordinario por parte de la demandada, interviene la Procuradora General de la Nación, quien sostiene que “el art. 81 de la ley de impuesto a las ganancias indica, lógicamente, que los intereses de las deudas y sus respectivas actualizaciones son un gasto deducible…”.
Agrega: “bajo esta perspectiva, nada hallo en la exposición de hechos de la presente causa que lleve a concluir que la operación realizada pueda considerarse ajena al giro comercial de la actora”.
Señala más adelante que, sin perjuicio de lo planteado, es también aplicable la ley 23576, cuyo art. 37 establece que: “La entidad emisora podrá deducir en el impuesto a las ganancias en cada ejercicio la totalidad de intereses y actualizaciones devengados por la obtención de fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que cuenten con autorización de la Comisión Nacional de Valores para su oferta pública”.

Sostiene que, a su modo de ver, “las disposiciones de esa ley, dada la peculiaridad y especificidad de la modalidad de financiamiento empresarial que contemplan, poseen carácter especial con relación a las normas generales sobre deducción de gastos contempladas por la ley 20628 y sus modificaciones”. En virtud de lo expresado ratifica el criterio de las instancias anteriores.

II – La sentencia
La Corte analiza las sentencias del Tribunal Fiscal, de la Cámara de Apelaciones y el dictamen de la Procuración, debatiendo los argumentos planteados por cada uno y yendo, en diversos pasajes de su decisorio, a los antecedentes en el dictado de varias de las normas aplicables, lo que lleva a una sentencia muy amplia con extensos fundamentos.
Así, evalúa los artículos de la ley de impuesto a las ganancias referidos a la deducción de intereses y para ello transcribe y profundiza en los arts. 17, 80 y 81, inc. a). De esta manera se contrapone a todos los argumentos sostenidos en las etapas anteriores atendiendo específicamente al mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto de ley por el que se incorporó el principio de afectación patrimonial, en el inc. a) del art. 81.
También tuvo en cuenta la discusión parlamentaria de dicha ley y concluye que “de las normas transcriptas, y de una consideración sistémica de la regulación del impuesto, se extrae como conclusión que los gastos cuya deducción admite la ley -en todos los casos y con independencia del concepto de ganancia que se aplique a los sujetos del impuesto para determinar el gravamen respectivo, según la teoría de la ‘fuente’ o según la teoría del ‘balance’- son aquellas erogaciones dirigidas a la obtención de ganancias gravadas o al mantenimiento o conservación de su fuente. Así resulta claramente de lo establecido en los arts. 17, 80 y 81 inc. a) de la ley del tributo”.
En segundo término, trata la pretensión de la actora de admitir la deducción de los intereses y gastos en virtud del art. 37 de la ley 23576, para lo cual analiza la discusión parlamentaria de la ley 23962, que modificó a la original y que, entre las condiciones que incluyó para admitir la deducción de los intereses, está que la obligación negociable haya sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores para su oferta pública, aclarando que ello es así “en la medida en que tales fondos sean aplicados al financiamiento de actividades productivas de la empresa emisora”.
En función de los elementos analizados el Alto Tribunal rechaza la aplicación de la norma comentada porque, en el caso, “las sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de actividades productivas de Supermercados Norte SA sino a cancelar el precio de compra de las acciones de CADESA a su anterior dueño”.
En conclusión, revoca la sentencia de la Cámara, admitiendo así la pretensión fiscal.

III – El comentario
Se trata de una sentencia muy extensa y profunda, cuya lectura requiere una atención particular. El comentario que merece supera largamente el desarrollo posible en el marco de estas líneas por lo que recomendamos a los lectores su atenta lectura.
No obstante, queremos destacar que el fallo que estamos comentando significa la adopción, por parte de la Corte, de una definición de intereses deducibles que modifica el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones e inclusive por la Procuradora General de la Nación, Laura Monti.
Un aspecto muy importante que contiene esta sentencia es la interpretación del art. 81, inc. a) (hoy art. 85), en cuanto a que el principio de causalidad establecido en el art. 80 (hoy art. 84), sigue siendo aplicable a los sujetos distintos de las personas humanas y sucesiones indivisas mencionados expresamente. Por eso el Alto Tribunal desarrolla extensamente el tema en el 7° considerando y lo cierra en forma rotunda en el 8°. Niega así que el texto del inc. a) del art. 81 haya derogado o alterado el principio general del art. 80 para los “sujetos empresa” como lo habían sostenido los tribunales inferiores.
A su vez, la Corte restringe en esta causa el alcance del art. 37 de la ley 23576, modificado por la ley 23962, ya que considera que no es suficiente para su aplicación que la emisión de las obligaciones negociables sea autorizada por la Comisión Nacional de Valores, sino que los fondos deben ser destinados al financiamiento de actividades productivas. Por esa razón niega la deducción en este caso, porque los fondos obtenidos fueron utilizados para cancelar la deuda contraída por la compra de un paquete accionario y no se cumplió el objetivo requerido por la ley.

Fuente: ERREPAR